Resulta legítimo que el Gobierno nacional proponga un esquema de incentivos a grandes inversiones como el RIGI. Por supuesto, si no rigieran gravámenes sobre el comercio exterior, otros impuestos distorsivos, alta presión tributaria y restricciones a la disponibilidad de divisas, no sería necesario un esquema de incentivos, ya que las mismas condiciones normales serían atractivas para las inversiones. 

El argumento de que los beneficios propuestos en el RIGI son excesivos es contradictorio con ciertos consensos entre empresarios y economistas en que estos beneficios deberían ser el estado normal de cosas. El argumento de que, por justicia entre empresas, estos beneficios deberían ‘ser para todos o, sino, para ninguno’ no es válido porque hoy no es posible extender esos beneficios a todas las empresas y, no concederlos a ninguna, implica un status quo de bajo nivel de inversión.

La cuestión concreta a resolver es entonces cómo mejorar el esquema propuesto por el Gobierno nacional, con media sanción de Diputados, para evitar las distorsiones que pudiera genera en las condiciones de competitividad de las empresas argentinas.

Primera distorsión a corregir: si un VPU se dedica a abastecer mercado interno, desplaza artificialmente producción local, y perjudica al fisco. La única forma de impedirlo es restringiendo los beneficios a proyectos de exportación y, en caso de que, además de exportar, se abastezca al mercado interno, que los beneficios sean proporcionales a la participación de las exportaciones.

Segunda distorsión a corregir: si un VPU utiliza componentes importados con beneficios preferenciales, no se aprovecha el desarrollo local (en caso de proyectos verdaderamente incrementales) o, directamente, se lo perjudica (en caso de proyectos que ya estaban previstos sin RIGI, y ahora están a la espera de él).

Esto podría corregirse mediante la extensión de los beneficios vinculados a importaciones a las empresas nacionales proveedoras del mismo, algo que no distorsiona los incentivos propuestos, tiene impacto fiscal directo neutro e indirecto positivo, genera mayor saldo en el mercado cambiario, promueve la producción y el empleo nacional. Esto se potenciaría con una agenda de reducción de costos reales.

En este documento se proponen tres artículos concretos a incluir en el texto de la Ley de Bases o, en caso de que ésta fuera sancionada sin incluir los cambios propuestos, a incluir en el texto de una Ley complementaria.

Documento presentado en el Plenario de Comisiones del Senado de la Nación

Entrevista en CNN Radio: