Una descoordinación entre demasiados ministerios es señalada como causante de las dificultades del plan económico, aunque otras causas pueden ser más importantes, incluyendo algunos errores de diagnóstico y una política anti-inflacionaria que suele no funcionar en Argentina.
Política Económica
Para contribuir a la recuperación de las ventas de automóviles e inmuebles podría aprovecharse la segmentación que prevé el proyecto de blanqueo para que las menores alícuotas previstas para los fondos más pequeños estén atadas a inversiones en ese tipo de bienes.
El proyecto de blanqueo podría aprovecharse para impulsar la demanda de automóviles, estableciendo que los pequeños ahorristas que exterioricen fondos accedan a la alícuota cero del impuesto especial del blanqueo mediante la compra de automóviles 0 km.
Con pérdida de empleos muy concentrada en la construcción, una recuperación del sector inmobiliario podría contribuir a recuperar parte de esos empleos perdidos. Para eso, podría aprovecharse el proyecto de blanqueo para generar incentivos a la inversión inmobiliaria.
El debate entre oposición y oficialismo por el proyecto de ley de doble indemnización está más cargado de lógica política que económica. Donde está concentrada la caída del empleo, la propuesta de la oposición no sirve, y sí podría ser efectiva la política de obras públicas.
El Banco Central está comunicando con transparencia su política: altas tasas de interés mientras la inflación no de señales de bajar y tipo de cambio flotante, con intervenciones para mantenerlo dentro de cierto rango. El impacto recesivo lo hace correr contra el tiempo.
Desde comienzos de marzo, el dólar fluctúa dentro de una banda de $ 14 a $ 15. Con alta inflación, esa banda cambiaria debería subir a lo largo del año, pero es probable que suba menos de lo que se esperaba, dada la gran preocupación del BCRA y el Gobierno por la inflación.
Distintos ministros han minimizado los aumentos de tarifas comparándolos, por ejemplo, con el valor de una pizza. Una percepción distorsionada de lo que es caro o barato puede hacer que los ministros subestimen el impacto social de los aumentos de tarifas.
Este gobierno, como los anteriores, culpó a empresarios y comerciantes por la inflación, aprovechando ciertas complejidades del fenómeno inflacionario. Recientemente el Presidente reconoció la responsabilidad del Estado, una postura más saludable que la anterior.
Se ha instalado la idea de que el endeudamiento público sólo tiene sentido cuando financia obras de infraestructura. Nunca cuando financia gastos corrientes. Sin embargo, existen situaciones en las cuales tiene sentido financiar con deuda, transitoriamente, gastos corrientes.
La licuación del valor real de la recaudación y la desmonetización de la economía son dos consecuencias de una inflación muy elevada, que a su vez aumentan la inflación, conduciendo hacia la hiperinflación. Ambos fenómenos están hoy muy lejos de producirse.
Hay economistas que citan casos como el del Plan de Convertibilidad para justificar el intento de bajar la inflación a través de un fuerte ajuste fiscal. Pero aquella reducción de la inflación fue consecuencia de una estricta regla de política monetaria.
Ciertos economistas críticos del actual plan económico citan el caso del inicio del Plan Austral, cuando la inflación cayó de manera abrupta, como argumento para proponer un fuerte ajuste fiscal. Lo curioso es que en aquella ocasión fue la baja de la inflación la que permitió reducir el déficit fiscal.
No han sido muy sólidas las críticas al acuerdo con los fondos buitre, argumentando que la negociación fue demasiado rápida, que favorece el accionar de los fondos buitre y que abre la puerta a un excesivo endeudamiento.
La inflación es, para el Presidente del Banco Central, un fenómeno estrictamente monetario y, para el Ministro de Hacienda y Finanzas, un fenómeno, además de monetario, vinculado a la coordinación de decisiones de ajustes de precios y salarios.
Muchas de las críticas al “gradualismo fiscal” del actual plan económico se basan en un análisis equivocado de experiencias anteriores, como el Plan Austral o el Plan de Convertibilidad, ninguno de los cuales recurrió a abruptos ajustes fiscales para bajar la inflación.
La frecuente demora en lograr reducir la inflación puede deberse a cierta tendencia de cada nuevo gobierno a subestimar la herencia recibida y sobre-estimar el impacto de mejores expectativas. Hoy puede deberse a cierta ingenuidad vinculada al impacto de la unificación cambiaria.
El Gobierno parece algo sorprendido por la mayor inflación desde noviembre, y eso está alimentando propuestas de ajuste fiscal más agresivo. El riesgo es que el Gobierno finalmente decida tomar ese rumbo, costoso en términos económicos y políticos.
Para reducir una inflación elevada como la actual se requieren dos conjuntos de políticas económicas: políticas fiscales, monetarias y cambiarias para reducir las presiones inflacionarias y políticas de ingresos para moderar la inercia inflacionaria.
Los acuerdos de precios suelen fracasar, pero pueden servir en un contexto muy específico, cuando es necesario coordinar decisiones de ajustes de precios y salarios que ya vienen coordinadas a un ritmo elevado.
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