El Gobierno Nacional ha dado dos señales de cambio hacia una mayor seguridad jurídica, un insumo clave para los procesos sostenidos de inversiones.
Planteó que los fallos de la Corte se acatan sin discusión.
Y marcó, a través de la Oficina Anticorrupción, límites a ciertas decisiones de los funcionarios que pudieran genera conflictos de interés.
Señales valoradas por los inversores, que se preguntan sobre su continuidad en el tiempo.
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