Un proceso sostenido de inversiones de magnitud requiere estabilidad económica y seguridad jurídica.
El fallo de la Corte implica en ese sentido una mala noticia a corto plazo, porque retrasa el proceso de reducción del déficit fiscal en un contexto en el cual el Gobierno no ha logrado mostrar todavía que tiene a la economía bajo control.
Pero implica una excelente noticia a mediano plazo.
Hay pocas cosas que fortalezcan más la seguridad jurídica que un Gobierno que acata sin discutir los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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