La corrupción genera un costo directo, por los recursos públicos que se desvían hacia el enriquecimiento de funcionarios y la financiación de la política.
Pero también un costo indirecto, por el menor crecimiento cuanto mayor sea la percepción de corrupción en un país, a través de distintos mecanismos.
Utilizando parámetros de estudios internacionales, puede estimarse, para la Argentina de los últimos años, un costo indirecto diez veces mayor que el costo directo de la corrupción.
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