La resolución de la ONU con ciertos principios orientados a dificultar el accionar de fondos buitre en futuras reestructuraciones de deuda soberana puede interpretarse como cierto triunfo político del Gobierno argentino.
Pero difícilmente facilite la resolución del actual conflicto con los fondos que ganaron el litigio contra Argentina.
El Gobierno argentino viene planteando, seguramente demasiado tarde, la existencia de un problema real asociado a reestructuraciones de deuda, pero enfrenta el problema de una sentencia en contra sin instancias de apelación.
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