En caso de que la Corte obligue a dar marcha atrás con el ajuste de tarifas, el Gobierno tendrá que optar entre menor gasto en otras áreas, como las obras públicas, o déficit fiscal por encima del objetivo para este año.

Lo primero conspiraría contra el objetivo de reactivar la economía, y lo segundo contra el objetivo de generar credibilidad en el cumplimiento de las metas fiscales.

Ante la disyuntiva de optar por el mal menor, es probable que el Gobierno decida incumplir su meta fiscal, como ya incumplió su meta de inflación.

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@GastonUtrera

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