La inflación desapareció en agosto por las distorsiones estadísticas generadas por ideas y vueltas con las tarifas. El fallo de la Corte anuló el aumento de tarifas residenciales de gas, y las direcciones de estadísticas lo computaron como una reducción de tarifas en agosto.
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Estabilidad económica y seguridad jurídica son prerrequisitos para un proceso sostenido de inversiones. El fallo de la Corte retrasa al Gobierno en su objetivo de lograr estabilidad económica, pero la decisión de acatarlo sin discutirlo refuerza la seguridad jurídica.
Hoy tiene más sentido que nunca, para comprender el proceso inflacionario, analizar la evolución de la inflación que excluye precios regulados, ya que las idas y vueltas con los ajustes tarifarios generan alta inestabilidad en las estadísticas de inflación.
Un eventual fallo de la Corte que obligue a dar marcha atrás con el ajuste de tarifas obligaría al Gobierno a optar por el mal menor entre reducir gastos en obra pública o incumplir la meta de déficit fiscal. Enfrentado a esa disyuntiva, probablemente prefiera lo segundo.
El Gobierno no realizó las audiencias públicas establecidas por ley antes de incrementos de tarifas, con un argumento discutible, contrario a la lógica regulatoria, poniendo así en riesgo el ajuste tarifario que necesitaba para reducir el déficit fiscal.
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