De los tres segmentos del mercado del gas natural, producción, transporte y distribución, los dos últimos, por ser monopólicos, requieren regulación del Estado.
Por eso la ley establece obligación de realizar audiencias públicas antes de incrementar tarifas en esos segmentos.
El Gobierno aumentó tarifas sin realizar previamente audiencias públicas, con el argumento de que sólo incrementaba precio del gas, y no tarifa de transporte o distribución.
Se trata de un argumento discutible, en contra de la lógica regulatoria, y por eso allí reside el principal riesgo de que el ajuste de tarifas se caiga judicialmente.
El análisis, en 1 minuto. Click aquí.
Contenido relacionado:
1 minuto: Por qué no funciona el plan económico
Economic Trends 