El análisis económico del día. El ataque frontal del Gobierno a un fiscal que luego aparece muerto es uno de varios síntomas de degradación de instituciones republicanas, con impacto en todas las facetas de la vida nacional, incluyendo la economía.
La muerte de Nisman todavía puede transformarse en el tipo de coyunturas críticas que desvían el curso de las instituciones.
El respeto por las instituciones republicanas no está muy arraigado en un país que sufrió 6 golpes de estado en menos de 50 años, varios de ellos respaldados por la sociedad civil.
Aunque cabría esperar una mejora durante los últimos 30 años, y de hecho la hubo en lo relacionado con el sistema democrático, la degradación institucional ha llegado a límites impensados.
De otro modo no podría ocurrir que un Gobierno ataque sin reparos a un fiscal de la nación, horas antes de que aparezca muerto, o que publique datos privados de un periodista, haciendo verosímil su acusación de que su vida corría peligro porque era espiado por servicios de inteligencia.
Todo esto en el marco de reiterados intentos del Poder Ejecutivo por condicionar al Poder Judicial, desde aquel proyecto de “democratización de la justicia” hasta la elección de fiscales manifiestamente oficialistas.
Y de una visible batalla contra medios y periodistas opositores, instalada incluso como bandera del Gobierno y sus seguidores.
En un contexto de estas características es difícil que una economía funcione aceptablemente bien. Cada vez resulta más claro para la ciencia económica que la degradación institucional conduce, entre otras cosas, al atraso económico y la pobreza.
Porque es muy difícil que haya racionalidad en la administración de los recursos públicos en ausencia de limitaciones para definir cuestiones fiscales por decreto. Gasto público excesivo, enormes déficit fiscales, sistemas tributarios distorsivos y regresivos, deudas insostenibles, son todas consecuencias habituales de la arbitrariedad en temas fiscales.
Difícil también lograr estabilidad económica cuando el Banco Central es casi una dependencia del Poder Ejecutivo. La tentación a emitir dinero de manera excesiva y gastar reservas es casi irresistible cuando no hay suficientes limitaciones institucionales para hacerlo.
A tal punto llegó la arbitrariedad en las decisiones de política económica que gran parte de las disposiciones que regulan el comercio exterior en Argentina no están escritas.
Es razonable pensar que el próximo gobierno revierta parte de esta degradación institucional. A fin de cuentas existe cierto consenso en algunas cuestiones básicas como recuperar el sistema de estadísticas oficiales, o comenzar a revertir las peores políticas económicas, como el famoso “cepo cambiario”.
Pero no está claro el nivel de compromiso real de los principales candidatos en revertir totalmente el deterioro institucional de los últimos años.
Porque es fácil criticar desde la oposición las facultades delegadas por el Congreso para decidir cuestiones fiscales por decreto, pero muy tentador, una vez que se llega al Gobierno, sancionar leyes de emergencia económica argumentando que la herencia económica recibida lo justifica.
O seguir financiándose con el Banco Central luego de haber criticado, antes de acceder al poder, su falta de independencia.
Estudiosos del rol de las instituciones sobre la economía, como los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, plantean que los cambios institucionales se producen por la interacción de ciertas coyunturas críticas con el marco institucional previo.
La muerte del fiscal Nisman tal vez sea una coyuntura crítica de esas características.
Que dará lugar a una mejora institucional sólo en la medida en que la sociedad se convenza, luego de haber llegado a una situación tan extrema, de que las instituciones importan mucho más de lo que habitualmente se cree.
Y exija entonces reconstruir, fortalecer y respetar las instituciones republicanas.
El análisis económico del día. Por Gastón Utrera.
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