El análisis económico del día. La eliminación de la pobreza requiere instituciones que garanticen un mínimo de estabilidad macroeconómica, pero también políticas sociales focalizadas, que difícilmente tengamos mientras siga banalizándose la pobreza.

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La eliminación de la pobreza es una deuda pendiente de todos los gobiernos desde la recuperación democrática. No hay registros, en los últimos 30 años, de un nivel de pobreza inferior al 16%. Demasiado alto para la historia y los recursos del país.

La pobreza fue muy alta al final del gobierno de Raúl Alfonsín, como consecuencia de la hiperinflación (47.3% en octubre de 1989).

La década del ‘90 comenzó con pobreza en torno al 40%, estuvo apenas por debajo del 20% a mediados de la década, y terminó en torno al 30%.

Y la década que comienza en 2003 tuvo, paradójicamente, un desempeño casi idéntico: alrededor del 40% al comienzo, casi 20% en el mejor momento, y alrededor del 30% al final.

Entre ambas décadas, el desastre de 2002, con pobreza por encima del 50% (54.3% en octubre de ese año).

La curiosa similitud entre los ’90 y la última década, a pesar de políticas e ideologías tan diferentes, muestra el impacto de los desastres macroeconómicos sobre la pobreza: la década menemista comenzó con alta inflación y terminó con alto desempleo, mientras que la década kirchnerista comenzó con alto desempleo y termina con alta inflación (ver nota “Pobreza 40-20-30”).

Por eso el primer paso para reducir la pobreza es diseñar y ejecutar políticas económicas que permitan un mínimo de estabilidad, para evitar tanto el desempleo como la inflación. De lo contrario, toda política social estará destinada al fracaso.

Y esto requiere instituciones políticas y económicas que reduzcan el margen de discrecionalidad de los gobiernos sobre la economía. El único reaseguro de que los desastres macroeconómicos de los últimos 40 años no vuelvan a ocurrir (ver nota “Por qué fracasan los países”).

Por supuesto que una macroeconomía bien gestionada no elimina la pobreza. Porque no funciona la “teoría del derrame”, según la cual el crecimiento sostenido necesariamente beneficia a toda la sociedad, ya que existen personas que no pueden acceder a buenos empleos por insuficiente educación o por periodos demasiado extensos fuera del mercado laboral.

Por eso son necesarias, aun con una macroeconomía estable, política sociales focalizadas, primero para evitar que esas personas caigan en la indigencia, y luego para tratar de que adquieran las competencias necesarias para integrarse al mercado laboral.

En este contexto, la banalización de la pobreza es la peor señal para millones de argentinos que merecen un futuro mejor. Porque al banalizar la pobreza resulta difícil que se ejecuten las políticas que permitan eliminarla.

Hay banalización de la pobreza cuando un periodista argumenta que los pobres eligen vivir en villas miseria por conveniencia. Para acortar traslados. Con la ventaja de estar cerca de un cine. Con más dignidad que en algunos lugares de París.

Más grave aún, hay banalización de la pobreza cuando la propia Presidenta de la Nación plantea, como indicador de la calidad de vida en el país, que hay antenas de Direct TV en las villas.

También cuando el Ministro de Economía plantea que una familia que tenga vivienda propia no es pobre, aun cuando no tenga ingresos suficientes para vivir dignamente.

O cuando justifica, con argumentos inaceptables como la existencia de “severas carencias metodológicas” del Indec, la imposibilidad de publicar índices oficiales de pobreza e indigencia. Y entonces el Jefe de Gabinete afirma que la pobreza se redujo drásticamente, aunque no pueda decir cuánto.

Como es bien sabido, no puede gestionarse adecuadamente lo que no se mide.

Por eso es necesario dejar de banalizar la pobreza y comenzar a considerarla con seriedad, para que millones de niños pobres tengan la oportunidad de un futuro mejor.

Futuro mejor que nunca llegará si, encima, permitimos que se banalice la educación.

El análisis económico del día. Por Gastón Utrera.