El Gobierno Nacional ha enfatizado siempre su vocación industrialista. Entre otras cosas, destaca de manera recurrente el fuerte crecimiento de la producción industrial en los últimos 10 años, aunque tal crecimiento no es evidencia de industrialización en el marco de un crecimiento semejante del resto de la economía.
En su reciente discurso por Cadena Nacional, la Presidenta insistió en la industrialización durante su gestión, contraponiéndola a la destrucción de la industria causada por el neoliberalismo.
Son discursos que contrastan con varias políticas económicas que han tenido efectos negativos sobre la industria.
Una de ellas es el conjunto de políticas macroeconómicas que ha llevado al actual problema de atraso cambiario, muy perjudicial para la industria, como lo sabe cualquier industrial que haya tratado de salvar su empresa en medio del atraso cambiario del final de la gestión de Martínez de Hoz o del atraso cambiario del final de la Convertibilidad. Una política industrial en medio del atraso cambiario es una contradicción.
Otro caso es el de las fuertes restricciones a las importaciones, a través de distintos instrumentos, muchos de ellos discrecionales y hasta arbitrarios, como la opacidad en los criterios para aprobar Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) o en los criterios del BCRA para habilitar la compra de dólares para pagos de importaciones ya realizadas.
Podría pensarse que tales restricciones son parte de una política industrial proteccionista, en cuyo caso sería discutible en qué medida el proteccionismo es la mejor política para promover la industrialización, luego de muchos fracasos en la historia económica argentina y latinoamericana.
Pero a esta altura debería ser claro que todo el esquema vigente de restricciones a las importaciones ha estado menos pensado para favorecer a la industria que para administrar las reservas del BCRA. Menos “industrialista” que “mercantilista”.
De lo contrario no podría haber tantas empresas industriales con serios problemas para abastecerse de insumos por las dificultades para importar, ni podría haber tantas dificultades para importar bienes de capital necesarios justamente para proyectos de inversión para sustitución de importaciones.
Y el caso más reciente es el del convenio de cooperación firmado con China, actualmente a la espera de su aprobación por parte de la Cámara de Diputados, luego de su aprobación por parte del Senado.
Tal convenio contempla la posibilidad de que las obras públicas argentinas con financiamiento chino puedan realizar adjudicaciones directas a proveedores chinos.
Nadie del Gobierno Nacional ha respondido a las críticas, provenientes de distintos sectores, sobre este punto. La única respuesta fueron cuestionamientos políticos, como si en lugar de tratarse de una cuestión económica concreta, objetiva, se tratara simplemente de posiciones políticas, oficialistas versus opositoras.
Que dentro de la Unión Industrial Argentina haya dirigentes militando en la oposición política, como José Ignacio de Mendiguren, o explícitamente oficialistas, como Juan Carlos Lascurain, puede favorecer una visión tan maniquea por parte del Gobierno.
Pero la cuestión de fondo, que el Gobierno no responde, es que aquella cláusula del convenio con China es incoherente con su discurso industrialista.
Como muchas de las políticas ejecutadas en los últimos años en nombre de la industrialización.
El análisis económico del día. Por Gastón Utrera.
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