Cláusulas polémicas en el convenio con China

El análisis económico del día. El convenio con China con media sanción parlamentaria tiene dos aspectos polémicos: la posibilidad de que obras públicas argentinas contraten trabajadores de ese país y la habilitación para realizar contrataciones públicas directas, con potencial perjuicio de industriales nacionales y del presupuesto público.


Se hizo pública una interna dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la postura institucional frente a los acuerdos firmados por los gobiernos de Argentina y China.

En esa interna inciden factores políticos, como el histórico alineamiento oficialista de dirigentes del sector metalúrgico (el caso de Juan Carlos Lascurain) y la participación política en espacios opositores de otros dirigentes de la UIA (el caso de José Ignacio De Mendiguren).

Esas cuestiones políticas forman parte del debate interno en la UIA, pero no tienen nada que ver con la cuestión de fondo, que es si los acuerdos firmados con China benefician o perjudican a la industria nacional.

Los acuerdos firmados días atrás en ocasión de la visita de la Presidenta a China en realidad son varios.

Incluyen acuerdos de cooperación y memorándums de entendimiento en actividades espaciales, en uso pacífico de tecnología nuclear, en información y comunicaciones, en salud, cultura, asistencia jurídica, visas de turismo, financiación de operaciones de comercio exterior, entre otros.

Pero todos ellos, junto con la financiación y construcción de las represas Kirchner y Cepernic, están enmarcados en el “Convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China”, firmado entre ambos gobiernos el 18 de julio de 2014 y actualmente en proceso de aprobación parlamentaria en el Congreso de la Nación (ya tiene media sanción del Senado).

Su artículo 5 establece:

“Las Partes establecerán un Plan Integrado de cinco años de duración. Los detalles de dicho Plan se consignarán en un Convenio Complementario de Cooperación en materia de Infraestructura, el cual se firmará en el marco del presente Convenio”.

“Las adquisiciones en el marco de los proyectos del sector público argentino, cuya ejecución se enmarca dentro del alcance del Plan Integrado, podrán efectuarse a través de la adjudicación directa siempre que estén sujetos a financiamiento concesional de la parte china y que la adjudicación se realice en condiciones ventajosas de calidad y precio”.

Y su artículo 6 establece:

“Con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios para el ejercicio de dichas actividades.

Las respectivas autoridades garantizarán el efectivo goce de las facilidades mencionadas sobre la base del principio de reciprocidad”.

Estos dos artículos contienen los dos principales puntos en discusión, independientemente de los aspectos específicos de cada convenio o memorándum de entendimiento.

El artículo 6 plantea una cuestión sensible: la participación de trabajadores chinos en proyectos públicos de inversión en infraestructura financiados por China.

Es razonable que en un proceso de cooperación económica se incluya la posibilidad de trabajar en el otro país bajo la legislación del país que recibe a los trabajadores extranjeros, pero es discutible si tal concesión es apropiada en un contexto de necesidad de absorber mano de obra local para reducir el desempleo. Y las discusiones pueden caer en el límite de la xenofobia.

Más claros son los potenciales perjuicios del artículo 5.

Porque implica que en las obras públicas de infraestructura que Argentina proponga a China, en el marco de este Convenio, y que China acepte financiar, el Estado podrá elegir proveedores chinos con adjudicación directa, sin necesidad de licitaciones u otros mecanismos de compulsa de precios, eventualmente en perjuicio de proveedores locales y del presupuesto público.

Esto es lo importante que decidirá el Congreso, que tiene que votar por aprobar o no el convenio ya firmado con China.

El resultado seguramente será su aprobación.

Por eso parte de los industriales de distintos puntos del país plantean su preocupación por el sesgo anti-industrial del convenio.

Cuestión que no tiene que perderse de vista en medio de intereses políticos de uno y otro lado del debate.

El análisis económico del día. Por Gastón Utrera.