Es fácil criticar hoy al Banco Central por la disyuntiva en que quedó encerrado: persistir con la meta, poniendo en riesgo la recuperación, o subir la meta, perdiendo credibilidad. Pero esto no era tan claro al momento de fijar la meta, cuando todavía tenía chances de funcionar.
Inflación
Cuando, luego de fijar una meta de inflación, no se logra alinear decisiones de empresarios y sindicatos en línea con esa meta, se produce una disyuntiva: insistir con la meta es recesivo, subirla hace perder la credibilidad necesaria para bajar la inflación. En esa disyuntiva está hoy el BCRA.
A pesar de la idea generalizada de que se aceleró este año, la inflación continúa al ritmo que tenía a finales del año pasado, si se deja afuera el dato de agosto, distorsionado por la reversión de tarifas dispuesta por la Corte. La inflación persiste a un ritmo anualizado de más del 20%.
Una vez que la pobreza descienda, a medida que vayan bajando la inflación y el desempleo, quedará pendiente sostener la estabilidad económica, para no volver a incrementar la pobreza, y reducir la pobreza estructural, que tiene a persistir aun en contextos económicos favorables.
El aumento de salarios acordado en la paritaria bancaria pone en riesgo la estrategia oficial contra la inflación, ya que podría servir de referencia para otras paritarias del sector privado, y generar así presiones de costos incompatibles con la meta oficial de inflación.
Las metas oficiales de inflación generan un dilema. Aferrarse a ellas permite bajar la inflación si quienes fijan precios y salarios creen en ellas, pero es recesivo si esto último no ocurre. Flexibilizarlas evita el riesgo de recesión, pero dificulta la reducción de la inflación.
El actual esquema de movilidad jubilatoria, en contextos de inflación alta e inestable, perjudica doblemente a los jubilados. Su poder de compra sube y baja bruscamente dentro de cada año, y estos movimientos se profundizan cuando la inflación cambia de ritmo.
El actual esquema de movilidad jubilatoria, que actualiza de acuerdo a lo ocurrido durante el semestre previo, perjudica a los jubilados cuando la inflación es inestable, porque hace caer fuertemente su poder de compra cuando la inflación se acelera.
Febrero es clave para la inflación de 2017 porque comienzan a definirse los resultados de paritarias, y la inflación del año dependerá, en gran medida, de aumentos salariales en torno al 18% que pretende el Gobierno o al 30% que pretenden los sindicatos.
Para el BCRA, la inflación ya está cerca de la meta oficial porque la inflación del segundo semestre, anualizada, le da 18.5%. Aplicar ese cálculo a las estadísticas de ciudad de Buenos Aires y de provincia de Córdoba da entre 19% y 19.5%, y entre 23% y 27% si se toma sólo el último trimestre.
Si el Gobierno Nacional lograra aumentos salariales en torno al 20%, favorecería su estrategia de desinflación, pero no se recuperaría el consumo. Con mayores aumentos salariales, sería más difícil reducir de la inflación, pero podría crecer el consumo.
Como viene ocurriendo desde hace 6 años, luego del traslado a precios internos de la devaluación de diciembre, la inflación volvió al ritmo del 2% mensual, fenómeno que se explica por un fuerte proceso de inercia inflacionaria.
Resulta paradójico que si el Gobierno fracasara en su intento de lograr aumentos salariales en torno al 20% podría conseguir un escenario electoral mejor que si tuviera éxito en aquel intento, porque en ese caso aumentaría el poder adquisitivo de los salarios.
Las estadísticas de inflación que excluyen precios estacionales y regulados, que no sufren las distorsiones generadas por las idas y vueltas con las tarifas, mostraron en septiembre niveles de inflación similares a los registrados durante gran parte del año pasado.
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