Al cierre de 2019, resulta difícil anticipar el futuro inmediato de la economía en general, y de la construcción en particular. Estamos recién en el inicio de un nuevo gobierno, que está tomando sus primeras medidas económicas, tratando de encauzar una situación muy compleja.

En términos macroeconómicos, haber dejado atrás tanto el enfoque monetarista de la política anti-inflacionaria (esto es, tratar de bajar la inflación exclusivamente con restricción monetaria) como la lógica de dólar libre, sin intervenciones del BCRA ni restricciones cambiarias, permite pensar que es posible una reducción de tasas de interés (como ya viene ocurriendo desde el final del gobierno anterior). Un acuerdo de precios y salarios, en la medida en que comprometa políticamente a las partes, podría bajar la inflación durante los próximos meses, aunque a los salarios seguramente les costará bastante tiempo recuperar poder adquisitivo. Una buena y rápida negociación de los vencimientos de capital e intereses de deuda pública podría generar buenas expectativas, aunque si resulta más larga y trabajosa podría tener el efecto contrario.

En este contexto, es posible pensar las perspectivas de la construcción separándola en distintos componentes.

La construcción privada desarrollista se perjudica en contextos de inestabilidad del dólar y/o de altas tasas de interés, porque en esos contextos los inversores suelen preferir la inversión financiera por sobre la inversión en ladrillos, como ocurrió durante 2018.

La contrapartida es, naturalmente, que el mercado desarrollista tiende a reactivarse cuando bajan las tasas de interés y se estabiliza el dólar, especialmente si ocurre en un nivel del dólar lo suficientemente elevado como para que resulte bajo el costo en dólares del m². Una brecha cambiaria también puede jugar a favor del negocio desarrollista, porque implica costos más bajos medidos en dólar no oficial.

Las estadísticas de la CEDUC, las únicas en el país que reflejan ventas de inmuebles de primera mano efectivamente realizadas cada mes calendario, escrituradas o no, muestran este comportamiento. Se recuperaron 54% entre agosto de 2014 y febrero de 2015 (la devaluación de Kicillof había sido en enero de 2014); se recuperaron 80% entre febrero de 2016 y enero de 2017 (la devaluación de Prat Gay había sido en diciembre de 2015); se recuperaron 41% entre marzo y octubre de este año (desde niveles muy bajos, luego de las fuertes devaluaciones de 2018).

Esto implica que si el nuevo gobierno logra mantener estable el tipo de cambio, algo razonable con una nueva política cambiaria acompañada de las fuertes restricciones cambiarias actuales, y logra continuar la baja de tasas de interés, también posible dada la nueva política monetaria y las restricciones cambiarias, 2020 podría ser mejor que 2019 para la construcción privada desarrollista.

La construcción privada particular, por su parte, podría verse beneficiada por las eventuales menores tasas de interés, aunque depende en gran medida del poder adquisitivo de los salarios, que seguramente tardarán bastante en recuperarse, dada la estrategia anti-inflacionaria de tratar de frenar el círculo vicioso precios-salarios-precios, poniendo un freno al potencial de este mercado.

La construcción vinculada a la obra pública depende, obviamente, de otros factores. Las restricciones fiscales de los distintos niveles del Estado juega en contra. Difícil pensar en el contexto actual un plan de obras públicas que reactive la construcción aunque, obviamente, mientras más se reduzcan los déficit fiscales vía aumentos de impuestos, menor será la necesidad de cortar obra pública.

Para empresas constructoras, profesionales como ingenieros civiles y arquitectos, y demás actores de la construcción, 2020 puede ser entonces un año de marcados contrastes.

Columna publicada en el Suplemento Civiles de La Voz del Interior.