(Imagen generada a través de Inteligencia Artificial)

La inversión pública en infraestructura económica (agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones) muestra durante los últimos años una tendencia decreciente en Argentina, tanto en valores absolutos como relativos a la región.

Mientras en 2010 el monto de inversión pública en infraestructura económica, en los tres niveles del Estado, equivalía al 1.94% del PBI, alcanzó apenas el 0.64% del PBI en 2019. En términos relativos a la región, el monto en Argentina, en porcentaje del PBI, equivalía al 90.1% del promedio regional en 2010 y a sólo el 38.6% en 2019. 

No resulta tarea simple estimar necesidades de infraestructura para un país. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñó una metodología basada en considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas y estimar las inversiones que cada país de América Latina y el Caribe necesitaría realizar hasta 2030 para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos.

La metodología del BID permite estimar una necesidad total de inversión en infraestructura económica para Argentina por USD 204,403 millones en 10 años. Con un PBI de USD 486,838 millones (referencia de 2021), a lo largo de 10 años, se trataría de una inversión total equivalente a 4.2% del PBI al año. 

Si sólo se contara con inversión pública, al ritmo observado durante 2008-19, Uruguay lograría construir la infraestructura económica que necesita en 10.8 años, mientras que Argentina requeriría 30.5 años, equivalentes a casi 8 periodos presidenciales. En realidad, un periodo tan largo implicaría, en la práctica, no cerrar la brecha identificada, por las nuevas demandas que van surgiendo.

Dado que no resulta razonable suponer que este lento ritmo de inversión pública pueda acelerarse en los próximos años, por las restricciones fiscales que impone la estabilización macroeconómica, y teniendo en cuenta la magnitud de las inversiones necesarias, no queda entonces otra alternativa que la generación de incentivos para las inversiones privadas para construcción de infraestructura que trasciendan varios periodos presidenciales.

Nótese que no se trata de una proposición de índole ideológica, vinculada a la discusión filosófica sobre el rol del Estado versus el sector privado, sino de una necesidad producto de las limitaciones del Estado para lograr las inversiones necesarias para reducir la brecha de infraestructura identificada.

Para más detalles, ver Documento de Trabajo No.59: «Las necesidades de inversión en infraestructura económica en Argentina», Foro de Análisis Económico de la Construcción. Click aquí.